Cuarenta años después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificara el derecho a la educación pública para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dice que esa decisión es otro precedente histórico que vale la pena impugnar.
El republicano está planteando que Texas presente una nueva impugnación sobre la financiación escolar de los niños que viven en Estados Unidos sin autorización.
Las declaraciones se producen en un momento en el que la mayoría conservadora de la Corte Suprema federal parece estar dispuesta a anular el fallo del caso Roe vs. Wade que garantizó el derecho al aborto hace casi 50 años.
Los comentarios de Abbott, que aspira a ser reelegido en noviembre y ha elevado su visibilidad nacional durante el último año a través de medidas de línea dura contra la inmigración, provocaron críticas inmediatas por parte de los grupos defensores de derechos de los inmigrantes y de la Casa Blanca.
Esto es lo que hay que saber:
¿QUÉ IMPUGNARÍA TEXAS?
El requerimiento de que las escuelas públicas impartan clases a todos los niños fue ratificado por un fallo en 1982 en un caso conocido como Plyler vs. Doe.
La decisión, tomada por 5 votos a favor y 4 en contra, anuló una norma de Texas que pretendía denegar la inscripción a cualquier estudiante que no estuviera “legalmente admitido” en el país.
El fallo consideraba que la ley de Texas violaba la Cláusula de Igual Protección de la Constitución. Los expertos en derecho estiman que se trata de un caso emblemático sobre la educación pública.
Los partidarios del establecimiento de límites estrictos a la inmigración ya habían buscado formas de debilitar la decisión.
Una de las pruebas más notables se dio cuando los votantes de California aprobaron en 1994 la Propuesta 187, que prohibía a los inmigrantes recibir atención en el sistema de salud pública, educación y otros servicios sociales si estaban en el país de manera ilegal. La ley fue abrogada.
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